El Gobierno se ha fijado como segundo objetivo laboral de la legislatura, tras el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cerrado el pasado viernes, reducir la jornada laboral máxima permitida en España de las 40 horas (8 horas diarias) a las 38,5 horas a la semana (7 horas y 42 minutos al día) ya a partir de este año, una medida que afectará al 55% los trabajadores del país.

‘‘Ahora vamos a propiciar una de las grandes reformas de nuestro país, que tiene que ver con el tiempo de vida y con el tiempo de trabajo, es decir, con la reducción de la jornada laboral. Este es el siguiente paso que vamos a dar desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social‘‘, ha anunciado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en televisión, en la que ha recordado que este es uno de los compromisos entre el PSOE y Sumar para el pacto de investidura pese a que ‘‘no le gustaba nada‘‘ al ala socialista del Gobierno.

En dicho acuerdo ambas formaciones acordaron dejar la jornada laboral máxima en 37,5 horas a partir del año 2025, pero pasando por un estadio previo este año en el que se limitaría a 38,5 horas. Aunque la media de horas de trabajo semanales en nuestro país es ya inferior a esa cifra, de 37,8 horas, según Eurostat, hay muchos trabajadores que la superan y que ahora se beneficiarán de un recorte si esta medida sale adelante. En concreto, según la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo, actualizada a diciembre, un 55% los empleados del país cubiertos por convenio tienen pactadas jornadas que superan las 38,5 horas: 5,29 millones de trabajadores dedican de 38,5 a 39,5 horas a su empleo a la semana; 436.

El perfil tipo del empleado que más horas trabaja a la semana es el de un hombre de entre 30 y 34 años, de nacionalidad extranjera, residente en Baleares, Canarias o Cataluña, con educación primaria o inferior, que trabaja en el sector privado, en actividades industriales como operadores de instalaciones y maquinaria, tienen contrato indefinido y una antigüedad en la empresa de entre 5 y 10 años, según perfila BBVA Research.

El Ejecutivo quiere que cualquier compañía que tenga reguladas jornadas laborales de 40 horas para sus empleados, por ejemplo, reduzcan su tiempo de trabajo hasta 38,5 horas (una hora y media menos de trabajo a la semana) sin alterar su sueldo, lo que supone que que su salario por hora trabajada se incrementará automáticamente, encareciendo así los costes de las compañías y reduciendo su margen de beneficio -a menos que puedan trasladar ese incremento de costes a precios-.

Cuando se hizo público el acuerdo entre las dos formaciones del Gobierno, CEOE y Cepyme ya rechazaron que se abordara la jornada laboral ‘‘a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente, que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales‘‘. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, señaló en una entrevista con EL MUNDO en diciembre que ‘‘reducir la jornada a 37 horas y media de forma unilateral por real decreto es intervenir en la libertad de decisión que tiene la gestión de la empresa con sus trabajadores, además de que imponer una reducción de jornada con el mismo sueldo viene aparejado a un incremento salarial de cerca del 7%.

Las empresas no sufrirán si los trabajadores logran ser más productivos -y producen lo mismo, o más, en menos tiempo-, pero esa asunción es equivalente a pensar que ahora los empleados están siendo menos productivos de lo que podrían y, por tanto, difícil de creer. Normalmente, cuando en un país aumenta la productividad, se reduce la jornada de trabajo, pero no al contrario como está intentando hacer el Gobierno en España, un país en el que la productividad lleva dos décadas estancada.